En las comunidades de Kenia, organizaciones campesinas se movilizan para defender el derecho a la alimentación saludable y en rechazó de los cultivos transgénicos que avanzan sobre la seguridad alimentaria del país africano.

En Karura, región ubicada en la periferia norte de Nairobi, líderes comunitarios se reúnen con comunidades campesinas locales para explicarles a los pequeños agricultores las implicaciones de los transgénicos, semillas introducidas en el país tras una la autorización del gobierno al patentamiento de semillas por parte de multinacionales alimentarias.

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En un salón con paredes de chapa y lona, con el piso de tierra; una veintena de kenianos debaten las estrategias de resistencia ante una amenaza que perciben como inminente. Para muchos, la entrada de organismos genéticamente modificados (OGM) significa la pérdida de la semilla tradicional, los métodos de cultivo aprendidos de sus abuelos y la amenaza de una agricultura dependiente de las grandes corporaciones y de químicos nocivos.

Es que una de las claves de las OMG, es la resistencia a agroquímicos con las que no cuentan el resto de las hierbas, por lo cual el rociado con productos como glifosato sobre los cultivos mata toda la competencia y permite la producción intensiva de la plantación de interés.

«El agua de pozo esta aquí, el baño esta allí, todo comparte el mismo suelo», dice Denis Wangila, uno de los representantes que debaten la sustentabilidad de los lugares donde habitan.

En ese sentido, los pobladores avanzan en la organización de comités en distintos emplazamientos para ganar en organización contra el avance de las multinacionales.

Una de las organizaciones de base con más presencia en el territorio es la Liga Campesina de Kenia (KPL), que a partir de su lucha ha logrado obtener victorias temporales en los tribunales, manteniendo una prohibición sobre los transgénicos hasta que se llegue a un veredicto final. Sin embargo, la amenaza persiste y los agricultores continúan movilizados.

Recientemente, el Tribunal de Apelación mantuvo la decisión de prohibir temporalmente los OGM, basándose en que el gobierno no garantizó una participación pública adecuada, algo que la KPL considera fundamental. «La Constitución nos respalda, tenemos el derecho a ser escuchados», añade Susan Otawi, del Colectivo Mujeres de la Liga Campesina Keniana.

En paralelo, la campaña de recolección de firmas contra la introducción de transgénicos avanza con fuerza. En la comunidad de City Park, otro punto de resistencia en Nairobi, activistas y campesinos se reúnen para recoger firmas y seguir desafiando la decisión gubernamental. «No nos han dado garantías de seguridad sobre los transgénicos, y el gobierno tomó esta decisión sin consultarnos. Eso es inaceptable», declara uno de los voceros.

La KPL mantiene una estrategia activa y fundamentada en principios legales y ambientales. La organización apoya sus argumentos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otros Trabajadores en Áreas Rurales, y en el artículo 10 de la Constitución de Kenia, que establece el derecho a una consulta pública.

Este marco legal ha sido la base para su lucha contra las decisiones de un gobierno que, según sus líderes, está más alineado con intereses de multinacionales que con las necesidades de sus propios ciudadanos.

Para muchos de estos agricultores, la lucha contra los OGM es una batalla por la soberanía alimentaria y el derecho a decidir qué tipo de alimentos y métodos de cultivo prefieren para su tierra. Con una historia de prácticas agroecológicas y de cultivo de semillas autóctonas, el temor de los campesinos es que el ingreso de los transgénicos destruya el delicado equilibrio ecológico y haga depender a las comunidades de productos químicos y semillas patentadas, que solo enriquecen a las grandes corporaciones del Norte global.

«El hambre no se soluciona con transgénicos, sino con políticas que eliminen la pobreza», insisten desde la KPL, reiterando que las semillas de las multinacionales no mejorarán sus cosechas en los suelos de Kenia, al contrario de lo que el gobierno pretende hacer creer.

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